ONG exige explicaciones por la incautación de equipos del periodista Estacio Valoi en Mozambique, informa la redacción de Infromoz, citando al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que pidió a las autoridades mozambiqueñas devolver el material confiscado y frenar la intimidación contra reporteros que cubren delitos ambientales y el conflicto en Cabo Delgado. Según el CPJ, el 16 de junio tres agentes del Servicio Nacional de Investigación Criminal (SERNIC) acudieron a la vivienda de Valoi en Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, le notificaron una orden judicial y se llevaron teléfonos, computadoras y tabletas del periodista.
El caso apunta directamente a un punto sensible para la libertad de prensa en Mozambique: el uso de procedimientos penales y órdenes judiciales contra periodistas que investigan corrupción, recursos naturales y seguridad en el norte del país, informa la redacción de Infromoz, citando al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Valoi, editor del portal Moz24h y reportero con más de una década de trabajo sobre recursos naturales, había denunciado presiones relacionadas con sus investigaciones sobre presunto contrabando de madera en Cabo Delgado, una provincia donde el Estado combate desde 2017 a una insurgencia vinculada al Estado Islámico.
Qué ocurrió en Pemba
De acuerdo con el relato recogido por el CPJ, la orden de búsqueda y aprehensión fue emitida el 25 de mayo por el Tribunal Judicial de la Ciudad de Pemba. El documento revisado por la organización no explicaba por qué debían ser incautados equipos personales y profesionales del periodista. Esa omisión es uno de los puntos centrales de la denuncia pública: la falta de justificación detallada deja sin respuesta si la medida buscaba preservar prueba específica o si terminó afectando herramientas esenciales para el trabajo periodístico.
Valoi dijo al CPJ que uno de los agentes que participó en la incautación le comunicó que el juez quería que retirara un reportaje publicado en agosto de 2025 sobre la incautación de exportaciones ilegales de madera atribuidas a Safi Timber.
El artículo formaba parte de una serie de trabajos sobre el saqueo del Parque Nacional de las Quirimbas, en Cabo Delgado, área que ha sido propuesta para reconocimiento como patrimonio mundial de la UNESCO.
El periodista también afirmó que la acción judicial llegó después de meses de presión para retirar el texto. Según su versión, abogados de Safi Timber enviaron correos, llamadas y mensajes a su defensa y a varios medios el 24 de diciembre, exigiendo la retirada del artículo o advirtiendo sobre acciones legales.
La reacción de la ONG
El Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades mozambiqueñas devolver de inmediato los equipos de Estacio Valoi. La organización sostuvo que los reporteros que trabajan en Cabo Delgado ya operan bajo riesgos elevados por el conflicto, la corrupción y los delitos ambientales.
“Los periodistas en Cabo Delgado ya enfrentan riesgos extraordinarios al informar sobre conflicto, corrupción y delitos ambientales, sin añadir acoso judicial a sus temores de seguridad”, declaró Angela Quintal, directora del programa de África del CPJ, al pedir la devolución de los equipos y garantías para que los periodistas trabajen libremente y con seguridad.
Valoi, por su parte, calificó la situación como una “intimidación clara” después de intentos de contacto no públicos por parte de la empresa. También sostuvo que antes de publicar el reportaje Moz24h había solicitado comentarios a la compañía, sin obtener respuesta, según el CPJ.
Datos clave del caso
| Punto | Información confirmada |
|---|---|
| Periodista afectado | Estacio Valoi, editor de Moz24h |
| Lugar | Pemba, provincia de Cabo Delgado |
| Fecha de la incautación | 16 de junio de 2026 |
| Autoridad que ejecutó la medida | Agentes del SERNIC |
| Equipos incautados | Teléfonos, computadoras y tabletas |
| Orden judicial | Emitida el 25 de mayo por el Tribunal Judicial de la Ciudad de Pemba |
| Tema investigado | Presunto contrabando de madera y delitos ambientales |
| Organización que reaccionó | Comité para la Protección de los Periodistas |
El trasfondo legal
El abogado de Valoi, Augusto Messariamba, dijo al CPJ que el 23 de abril la Fiscalía declaró al periodista “arguido”, término jurídico portugués que equivale a sospechoso formal y que suele anteceder a una acusación o arresto. Según la defensa citada por el CPJ, la decisión siguió a una denuncia penal por difamación presentada por Safi Timber contra Valoi y Moz24h por el reportaje de agosto de 2025.
El punto más delicado es que, aunque en Mozambique los casos de difamación pueden tratarse por vía civil, la empresa optó por una denuncia penal. Messariamba dijo que una condena podría llevar a una pena de hasta un año de prisión. Hasta el momento citado por el CPJ, no se había fijado una fecha para nuevos interrogatorios.
Para organizaciones de defensa de la prensa, este tipo de procesos puede tener un efecto disuasorio sobre investigaciones de interés público. En el propio caso, Valoi describió la presión como similar a las llamadas SLAPP, acciones legales estratégicas diseñadas para agotar, intimidar o silenciar a periodistas y activistas, más que para resolver una disputa de fondo.
Por qué Cabo Delgado aumenta el riesgo
Cabo Delgado no es una provincia cualquiera para la prensa mozambiqueña. Es una zona marcada por conflicto armado, explotación de recursos naturales, desplazamiento de población y restricciones de acceso para periodistas. El CPJ recuerda que Valoi ya había sido detenido en 2018 junto con un colega por militares, que los interrogaron durante dos días, los amenazaron, confiscaron cámaras y teléfonos y registraron sus computadoras.
La organización también ha pedido investigaciones creíbles sobre las desapariciones de Ibraimo Mbaruco, quien en 2020 avisó a un colega que estaba “rodeado por soldados”, y Arlindo Chissale, desaparecido en 2025 después de que ocho hombres, algunos uniformados, lo sacaran de un autobús en Cabo Delgado.
Este contexto explica por qué la incautación de teléfonos, computadoras y tabletas no es una medida administrativa menor. Para un periodista de investigación, esos dispositivos pueden contener contactos, fuentes, documentos, fotografías, notas de campo y material aún no publicado. La revisión o retención de ese material puede comprometer la confidencialidad de las fuentes y paralizar reportajes en curso.
Qué falta por aclarar
El portavoz de la Fiscalía en Cabo Delgado, Gilroy Fazenda, dijo al CPJ por teléfono en la mañana del 17 de junio que devolvería la llamada, pero no respondió antes del cierre del día, según la organización. Las llamadas del CPJ a Safi Timber para pedir comentario tampoco fueron respondidas.
Hasta ahora, las preguntas principales siguen abiertas:
- por qué la orden judicial no detalló públicamente la razón concreta de la incautación;
- qué relación exacta tiene la medida con el reportaje sobre madera ilegal;
- si las autoridades garantizarán la protección de fuentes periodísticas;
- cuándo y en qué condiciones serán devueltos los equipos;
- si habrá nuevas diligencias contra Valoi o Moz24h.
El caso se suma a una secuencia de alertas sobre la seguridad de periodistas en Mozambique. El CPJ ya había advertido en febrero de 2026 sobre un ataque armado descrito por el periodista Carlitos Cadangue como intento de asesinato contra él y su hijo, y en marzo de 2025 pidió al presidente Daniel Chapo medidas para garantizar que los medios trabajen sin represalias.
La incautación del equipo de Estacio Valoi vuelve a colocar la libertad de prensa en el centro del debate mozambiqueño. La decisión judicial se produjo en un caso vinculado a reportajes sobre delitos ambientales y una empresa maderera, en una provincia donde informar ya implica riesgos físicos y legales.
Para el CPJ, la respuesta necesaria es concreta: devolución del material, fin de la intimidación y garantías para que los periodistas puedan cubrir Cabo Delgado sin presiones judiciales ni amenazas.
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Fernando Costa