Casi 22 mil desplazados en Ancuabe han abandonado sus hogares desde comienzos de mayo debido a los ataques de grupos armados y al temor de nuevas incursiones en este distrito de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado. Entre el 1 de mayo y el 10 de junio de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones registró 21.658 personas desplazadas, equivalentes a 7.115 familias, informa la redacción de Infromoz, citando datos de la OIM difundidos por la agencia Lusa y medios mozambiqueños.
La nueva ola de desplazamientos afecta especialmente a la población infantil: 10.560 de las personas obligadas a huir son niños. El balance incluye además a 6.423 mujeres, 196 de ellas embarazadas, 492 personas mayores de 60 años y 109 personas con discapacidad. Las familias se han dirigido a aldeas, comunidades de acogida y zonas de reasentamiento dentro de Ancuabe, así como a puntos de los distritos vecinos de Montepuez y Chiúre.
El número de desplazados aumentó en pocas semanas
Los registros muestran un crecimiento rápido de la población desplazada durante mayo y los primeros días de junio. Hasta el 12 de mayo, la OIM había contabilizado 13.409 personas que habían salido de sus comunidades en Ancuabe. El 3 de junio, la cifra había aumentado a 19.325, y una semana después alcanzó las 21.658.
El aumento significa que más de 8.200 personas se sumaron al desplazamiento registrado inicialmente en menos de un mes. La evolución de los datos refleja tanto los efectos directos de los ataques como el movimiento preventivo de habitantes de aldeas cercanas, que abandonaron sus viviendas ante el temor de que los grupos armados avanzaran hacia nuevas comunidades.
Las principales concentraciones de desplazados fueron identificadas en Milamba Expansão, Nanjua A, Nanjua B y Meza-Sede. En esas cuatro zonas se encontraban 10.367 personas procedentes principalmente de Nacoja, Namacuile, Minheuene, Nanjua, Meza y otras localidades del distrito.
Los datos disponibles hasta el 10 de junio se distribuyen de la siguiente manera:
- 21.658 personas desplazadas;
- 7.115 familias afectadas;
- 10.560 niños, incluidos 12 menores no acompañados;
- 6.423 mujeres;
- 196 mujeres embarazadas;
- 492 personas mayores de 60 años;
- 109 personas con discapacidad;
- 10.367 desplazados acogidos en cuatro de las principales zonas receptoras.
La presencia de menores no acompañados ha elevado el riesgo de separación familiar, mientras que la pérdida de documentos personales dificulta el acceso a servicios públicos, asistencia humanitaria y mecanismos de identificación. La OIM también ha advertido de riesgos relacionados con la violencia de género y el deterioro de la salud mental entre quienes han tenido que huir repetidamente.
Ataques en Nacoja y Minheuene provocaron nuevas huidas
La actual crisis se intensificó tras una serie de incursiones armadas registradas a finales de abril y comienzos de mayo en distintas zonas de Ancuabe. El 5 de mayo, un grupo armado atacó la aldea de Nacoja, en el segundo incidente de este tipo ocurrido en pocos días dentro del distrito.
El ataque se produjo a unos nueve kilómetros de una empresa minera, cuyo personal tuvo que ser retirado de emergencia. Fuentes comunitarias citadas por Lusa informaron de que la presencia de los atacantes provocó una salida masiva de residentes y aumentó el temor en aldeas situadas a lo largo de las rutas utilizadas por el grupo.
Días antes, combatientes habían entrado en Minheuene, en la zona de Mazeze. Durante esa incursión fue destruida la misión católica de São Luís de Montfort, construida en 1946, además de decenas de viviendas. Al menos 22 personas fueron secuestradas, según los informes disponibles.
Elementos vinculados al Estado Islámico reivindicaron posteriormente acciones en Ancuabe. En mensajes difundidos el 7 de mayo a través de sus canales de propaganda, el grupo afirmó haber atacado una posición en Nacoja, incendiado una iglesia, varias tiendas y alrededor de 220 viviendas.
Las afirmaciones propagandísticas de los grupos armados no siempre pueden verificarse de manera independiente. Sin embargo, los daños en viviendas e infraestructuras, el abandono de comunidades y el aumento registrado por los mecanismos de seguimiento de la OIM confirman un deterioro significativo de la seguridad durante ese periodo.
Familias llegan sin alimentos, refugio ni atención médica suficiente
Médicos Sin Fronteras informó que más de 5.000 personas buscaron protección en zonas de reasentamiento y comunidades de acogida de Nanjua tras los ataques de mayo. La organización desplegó clínicas móviles para ofrecer consultas médicas básicas, atención de salud mental y apoyo en agua y saneamiento.
En pocas semanas, los equipos médicos realizaron más de 1.500 consultas, con una media superior a 150 pacientes diarios. Entre los problemas atendidos con mayor frecuencia figuraban las infecciones respiratorias, las enfermedades de la piel y la malaria, especialmente entre niños menores de cinco años.
Los desplazados llegaron en muchos casos sin alimentos, ropa, material para construir refugios ni recursos económicos. Algunas familias ya habían huido anteriormente de otras zonas de Cabo Delgado y volvieron a perder sus viviendas o medios de subsistencia tras instalarse en Ancuabe.
En Nanjua, la población debe recorrer aproximadamente cuatro kilómetros para llegar al centro sanitario más cercano. La falta periódica de medicamentos y las dificultades para pagar determinados servicios representan obstáculos adicionales para quienes abandonaron sus comunidades sin dinero ni pertenencias.
Médicos Sin Fronteras también identificó síntomas de estrés, alteraciones del sueño, dolores físicos y palpitaciones asociados al miedo, la incertidumbre, las condiciones de alojamiento y la preocupación por la seguridad de los niños. La organización señaló que el centro sanitario local no disponía de profesionales especializados en salud mental durante la intervención.
La presión aumenta sobre las comunidades receptoras
La llegada de miles de personas está ejerciendo presión sobre localidades que ya tenían dificultades para garantizar agua, alimentos, saneamiento y atención sanitaria a sus propios habitantes. Las comunidades receptoras comparten viviendas, parcelas y fuentes de agua con familias desplazadas, pero sus recursos son limitados.
La concentración de más de 10.000 personas en Milamba Expansão, Nanjua A, Nanjua B y Meza-Sede exige ampliar la asistencia alimentaria, instalar espacios seguros para menores y mujeres, reforzar los servicios médicos y garantizar sistemas para localizar a familiares separados durante la huida.
También existe preocupación por la continuidad de la educación. Los desplazamientos interrumpen la asistencia escolar y obligan a muchos niños a permanecer durante semanas fuera de las aulas. Los menores no acompañados o separados de sus familias afrontan riesgos adicionales de explotación, abuso y reclutamiento.
La OIM considera prioritario mejorar el registro de las familias, sustituir documentos perdidos, garantizar mecanismos de protección y proporcionar apoyo psicosocial. Las necesidades pueden aumentar si continúan las incursiones o si nuevas poblaciones abandonan preventivamente las zonas rurales de Ancuabe.
Antecedentes de la insurgencia en Cabo Delgado
Cabo Delgado afronta una insurgencia armada desde octubre de 2017, cuando se produjo el primer ataque de gran escala en el distrito de Mocímboa da Praia. Desde entonces, la violencia se ha extendido por varios distritos de la provincia y ha causado muertes, secuestros, destrucción de aldeas y desplazamientos repetidos.
Datos de ACLED citados por Lusa contabilizaban 2.397 incidentes violentos desde el inicio del conflicto hasta finales de mayo de 2026. En 2.214 de esos eventos participaron presuntos integrantes o células relacionadas con el denominado Estado Islámico en Mozambique.
Solo entre el 18 y el 31 de mayo se registraron ocho hechos violentos en Cabo Delgado. Seis fueron atribuidos a extremistas vinculados al Estado Islámico y los incidentes dejaron ocho muertos. El balance acumulado citado por la misma fuente situaba en 6.624 el número de fallecidos desde 2017.
Ancuabe había acogido anteriormente a familias desplazadas de otros distritos de Cabo Delgado. La llegada de grupos armados a sus comunidades ha provocado que parte de esa población vuelva a desplazarse, un fenómeno que agrava la vulnerabilidad porque las familias pierden sucesivamente viviendas, tierras agrícolas, documentos y redes de apoyo.
La cifra de 21.658 desplazados corresponde al periodo cerrado el 10 de junio. El total puede variar con nuevos registros, retornos temporales o desplazamientos posteriores. Las agencias humanitarias mantienen el seguimiento de los movimientos de población mientras persiste el riesgo de nuevos ataques en Ancuabe y otras zonas del sur de Cabo Delgado.
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Fernando Costa